Caso Cerezo

2006-09-07T03:04:00.000-07:00

Puedes encontrar mas informacion del caso en: http://espora.org/comitecerezo/

El 13 de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, así como el indígena nahuatl Pablo Alvarado Flores, fue hasta el martes 14 al mediodía que fueron presentados ante los medios de comunicación y con una sorpresa mezclada con terror, nos enteramos amigos y familiares de las absurdas acusaciones que se les imputaba a los detenidos, a saber; colocar los tres petardos en igual número de bancos en la ciudad de México 5 días antes, ser una célula terrorista, pertenecer a un grupo armado, las FARP, en un inicio, después evolucionaría la mentira hasta hacerlos coincidir como militantes del Ejercito Popular Revolucionario y además de “acomodar” en su expediente todos los ataques que los grupos armados en México realizaran desde el año 98, cuando los hermanos Cerezo contaban con la edad de 16, 19 y 21 años respectivamente y ser estudiantes de la UNAM.

Viernes 12 de agosto de 2005

Un mes duró la campaña mediática lanzada por el Estado para intentar convencer a la opinión pública de la culpabilidad de los supuestos terroristas, seudo periodistas orgánicos del Estado se dedicaron en forma sistemática a dar datos “verificados”, “de fuentes confiables” acerca de las “relaciones” y “vínculos” entre la guerrilla mexicana y las organizaciones políticas y sociales y cuya “pieza clave” eran los hermanos Cerezo, pero dicha información no era más que una elaborada campaña de desprestigio e intento de aterrorizar a las organizaciones sociales y estudiantiles y desmovilizarlos.

No obstante dicha campaña, periodistas honestos, ciudadanos, organizaciones estudiantiles, sociales y políticas pudieron ver en estas maniobras lo absurdo de la puesta en escena del caso Cerezo, estudiantes universitarios, rehenes de un Estado de ultraderecha que gracias a su incapacidad investigativa y reavivando los métodos medievales de la toma de rehenes, detienen y torturan a tres jóvenes para chantajear a sus padres, supuestos miembros del EPR.

Pero sus familiares y amigos, quienes los conocimos en el trabajo, en la escuela o en la convivencia cotidiana, no nos tragamos dicha historieta, empezamos una lucha minúscula, primero para denunciar la detención arbitraria, la retención ilegal, la tortura a la que fueron sometidos todos los detenidos, nos ha valido seguimiento policiaco, amenazas de muerte y filmaciones ilegales por parte del Estado en nuestra contra, el asesinato de nuestra abogada Digna Ochoa y Plácido, las interminables acusaciones de que nuestro Comité Cerezo es una fachada del EPR y en últimas fechas una acusación que de no tener los resultados que han tenido nos desternillaríamos de risa; que los hermanos Cerezo controlaban a los narcotraficantes del penal de La Palma.

Alejados de sus familiares, casi en la incomunicación gracias a las múltiples trabas que las islas de impunidad que representan los penales federales nos han puesto para visitar a nuestros familiares y amigos, a Antonio Cerezo sólo se le ha visitado dos veces en Matamoros y jamás a tenido acceso a fotos, periódicos o revistas y con 117 días de aislamiento absoluto e ilegal y como consecuencia sin poder redactar la carta al mundo que mes con mes escribía, Héctor Cerezo sin acceso a periódicos y ganándose unos cuantos pesos en el trabajo esclavo que existe dentro del penal, sin posibilidad de pintar o seguir estudiando su carrera de filosofía, donde el penal rechaza los documentos firmados necesarios para la visita con el argumento poco avispado de que: “las firmas no son iguales a la de la credencial del IFE”, Pablo Alvarado,estuvo sin acceso a absolutamente nada ; encerrados la mayor parte del tiempo y sujetos a disposiciones especiales por parte de la autoridad del penal que sobre victimizan y violan flagrantemente sus derechos humanos, aunque judicialmente nunca han sido responsables de los petardos de Banamex, y hemos desmontado en casi todas sus piezas la construcción fabulosa de los terroristas mexicanos.

Así el Estado mexicano ensaya con el caso Cerezo la política de seguridad nacional, calca de la estadounidense e inicia un proceso de colombianización, es decir, dentro de la guerra de baja intensidad o contrainsurgente del Estado, se intenta vincular primero a la lucha armada como parte de la delincuencia organizada, equiparándola con el narcotráfico; segundo se vincula a las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos a los grupos insurgentes y por ende al narcotráfico y hoy con el pretexto de la lucha contra el narco-terrorismo, se ensayan medidas violatorias de los derechos humanos, como el plan México Seguro que, de facto, el ejército mexicano y su apéndice paramilitar la Policía Federal Preventiva, suspende las garantías constitucionales y comete abusos y violaciones a los derechos humanos de los miembros de la sociedad que supuestamente intenta proteger.

Del Comité Cerezo

El ensayo de toques de queda y estados de sitio camuflajeados de lucha contra el crimen organizado se convierten en instrumentos de represión social, un ejemplo claro lo podemos ver en el Estado de Guerrero: primero antes de las elecciones se cometen obscuros ataques contra la policía; segundo, a raíz de la aparición de un nuevo grupo armado se escala la denuncia noticiosa de la violencia, declaraciones de lucha entre cárteles, asesinatos a plena luz del día, declaraciones de incompetencia en seguridad por autoridades locales y se culmina lógicamente con la aplicación del México Seguro, en diferente modalidad, retenes carreteros ilegales, razzias de “sospechosos”, léase, cualquier persona, y evidentemente violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, pero ¡oh! lectores de mano, tarot y bola mágica, solicitado por la sociedad bajo el influjo del bombardeo mediático del caos y la necesidad de mano dura contra la delincuencia que se sale de control, producto de la inoperancia de las instituciones a lo largo de estos cinco años y no producto fortuito de la voluntad de unos cuantos.

Pero también vislumbramos una segunda fase, mientras las organizaciones sociales en procesos de unidad incipiente y algunas organizaciones de Derechos Humanos que acompañan las luchas y procesos de las organizaciones intentan frenar las reformas estructurales, el gobierno adelantando y copiando la experiencia española de las prisiones y las medidas represivas colombianas (PFP, Coordinación de seguridad de la zona centro, México Seguro) se prepara a marchas forzadas ensayando medidas de control y represión.

Los penales de Alta Seguridad son ahora fortalezas de impunidad, donde la denuncia de la violación a los derechos humanos de los considerados presos políticos y de conciencia es inequívocamente manejada por el Estado, como complicidad con el narcotráfico, así mismo la denuncia de la estrategia represiva es convertida en complicidad con la delincuencia organizada.

El ensayo de este sexenio de la toma de rehenes sociales y familiares para detener e inmovilizar a los luchadores sociales es una constante, veamos el Estado de Morelos, donde más de 500 personas han pisado la cárcel y una gran parte de ellas se les deja libre pero bajo proceso inmovilizándolas y evitando la denuncia de la prisión por motivos políticos o de conciencia, y la toma de familiares de luchadores sociales como en el caso de los hermanos Cerezo, crimen de lesa humanidad que el Estado práctica e intenta mantener en la total impunidad.

Pero los encargados de los Derechos Humanos del gobierno todavía, sin vergüenza o pudor alguno, declaran que México no tiene una doble moral en materia de los DH, como mencionó Amnistía internacional a través de su máxima representante Irene Kahn en esta reciente visita.

¿Nos preguntamos cuántos luchadores sociales deben pasar por las prisiones de máxima seguridad para iniciar una lucha contra ese sistema de exterminio e impunidad?

FUERA LOS PRESOS POLÍTICOS DE LOS PENALES DE EXTERMINIO

ABOLICIÓN DEL SISTEMA VIOLATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PRISIONES DE ALTA SEGURIDAD

¿Cuál es el número necesario de luchadores sociales presos que detone la lucha por una ley de amnistía federal que les de libertad?

AMNISTÍA FEDERAL, PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD

¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales como la de la abogada Digna Ochoa, la abogada Griselda Tirado, Pável Gonzáles, desapariciones como la del indígena zapoteco Marcelino Santiago Pacheco necesitamos para tomar conciencia de la necesidad de la defensa de los derechos humanos como una herramienta más de lucha?

NO A LA REPRESIÓN

A cuatro años de impunidad en las violaciones a los derechos humanos de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo, de Pablo Alvarado y de cientos de presos políticos y de conciencia, a cuatro años de prisión política en penales de exterminio de Héctor y Antonio y Pablo Alvarado, a cuatro años de conocer de cerca el terrorismo de Estado en nuestra contra, a cuatro años de entender que la principal ocupación del Estado es la desarticulación de los movimiento sociales, Nosotros, el Comité Cerezo se mantiene en movimiento hasta lograr el objetivo que nos hizo nacer, la libertad de los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado y nos mantenemos en solidaridad, delito para el Estado, con todos aquellos que sufren la prisión política, la tortura, las amenazas de muerte, el hostigamiento y la represión en todas sus formas.

Para terminar agradecemos nuevamente a todos aquellos que nos han apoyado y se han solidarizado de muchas formas con este caso de evidente injusticia y nuevamente los invitamos a seguir este pequeño esfuerzo por la libertad, por la elemental justicia.

Comité Cerezo

San Salvador Atenco

2006-09-06T22:40:00.000-07:00

La Matanza de Aguas Blancas (1995)

2006-09-06T05:03:00.000-07:00

Fuente: patriagrande.net

El miércoles 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero emboscaron a una camioneta que transportaba, desde el pueblo de Atoyaquillo hasta Coyuca de Benítez, a campesinos que iban a comprar y vender mercancías, así como a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que pretendían participar en un mitin en Atoyac de Alvarez.

Los policías acribillaron a los campesinos. Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciseis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.

En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del Estado, responsable de la policía Motorizada, dirigía el operativo.

Todo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Este mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que iban a tratar de detener a la gente de Tepetixtla «a como dé lugar». Después de la masacre, tuvieron otra conversación telefónica y el gobernador dijo «¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?».

Masacre de Acteal (1997)

2006-09-06T04:53:00.000-07:00

El 22 de diciembre de 1997 fueron masacradas 49 personas: 19 mujeres, 14 niñas, 8 hombres, 4 niños y 4 nonatos, indígenas tzotziles que se encontraban ayunando y orando por la paz, en una ermita en la población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, México.

Las víctimas de la masacre eran en su mayoría integrantes de la Sociedad Civil "Las Abejas", quienes se encontraban desplazados a raíz de la violencia generalizada en la zona; fueron masacrados por un grupo armado con machetes y armas de uso exclusivo del Ejército Federal Mexicano.

En el caso de la Masacre de Acteal, el Estado Mexicano ha negado a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas fallecidas su derecho a la Justicia: derecho a conocer la verdad de los hechos y los responsables relacionados con la masacre, juicio justo rápido y apegado a derecho, el derecho a la reparación del daño y la garantía de que no se vuelvan a repetir hechos de esta naturaleza.

MLP Violencia,Represión e Impunidad

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San Salvador Atenco

La Matanza de Aguas Blancas (1995)

Masacre de Acteal (1997)